Reproducimos a continuación la nota publicada en La Izquierda Diario el 7/11/15
El 30 de septiembre la Presidenta anunció el envío
al Congreso del proyecto de Ley de Regularización Dominial de la
Vivienda Familiar, haciendo eje en que a pesar del modelo de
“crecimiento con inclusión” era una deuda pendiente con las más de 500
mil familias que no tienen escritura de sus hogares. Ante el balotaje
del 22 de noviembre el gobierno la presentó en el Congreso como otra
forma de mostrarse como lo opuesto a Macri. Aquí hacemos un repaso por
las políticas de vivienda implementadas por el FpV y el PRO durante
estos años, en los que el déficit no dejó de crecer en todos los
distritos.
Crecimiento,
trabajo precarizado y crisis de vivienda.
El proyecto de ley presentado por el FpV responsabiliza en
sus fundamentos al “éxito en la reindustrialización”, los “6 millones de nuevos
puestos de trabajo” y a la inmigración interna hacia los centros urbanos en
busca de trabajo por el déficit habitacional que sufre la población. Detrás de
esta formulación se esconde la destrucción de puestos de trabajo en las
ciudades pequeñas y la falta de profundas políticas de planificación urbana y
obras de infraestructura por parte del gobierno nacional y el provincial. Esto
es más notorio en el GBA, donde más aumentó la población durante los últimos
años, con distritos gobernados por los barones del conurbano del PJ desde hace
décadas.
Otra cosa que no menciona el texto es que una importante
causa del déficit habitacional la encontramos en el alza de precios causado por
el mismo mercado inmobiliario y en el trabajo precario que no permite llegar a calificar
para un crédito hipotecario a 9 de cada 10 de los asalariados, y se
necesitarían entre 55 y 70 sueldos enteros para
adquirir una vivienda. De los nuevos 6 millones de puestos de trabajo
creados desde el 2003, el 50% tienen un salario por debajo del mínimo de $6
mil, y un 34% de ellos está en negro. Esto en el marco de que durante los
últimos 40 años el salario perdió su poder adquisitivo en un 50%.
Con un déficit habitacional de 3 millones de viviendas, el
millón de soluciones habitacionales (reparaciones/ ampliaciones/ obra nueva)
realizadas en 12 años por el Plan Federal de Viviendas resulta totalmente
insuficiente, teniendo en cuenta que el crecimiento demográfico requiere más de
100 mil viviendas por año, sólo para contener el crecimiento del déficit.
Por su parte, el PROCREAR en 3 años otorgó solo 195 mil
créditos de los 400 mil anunciados originalmente, orientado al sector de
trabajadores con salarios de $5 mil hacia arriba, dejando fuera al sector más
pobre, los que más sufren el déficit habitacional. En cuanto a nuevas urbanizaciones,
solo tiene planificado 9000 unidades para todo el país.
Este programa de créditos baratos, al no contemplar un
control de precios, provocó el aumento del precio de los terrenos y el de los
materiales de construcción, que hacen que el crédito alcance cada vez para
menos. También los créditos para terrenos y la ampliación en de la
infraestructura urbana para zonas que antes estaban deshabitadas provocó que
los precios aumentaran.
Como balance de esta “década ganada”, en toda Argentina
aumentó la cantidad de viviendas vacías a 2,5 millones, subiendo en paralelo al
déficit habitacional,; disminuyó un 3% la cantidad de propietarios, contra un
aumento del volumen de inquilinos del 5%.
Títulos de propiedad y “desalojos rentados”.
La propiedad dentro del capitalismo tiene un doble carácter,
siendo un derecho democrático que los socialistas defendemos para que los
trabajadores sean resguardados de desalojos o el clientelismo gubernamental. En
casos como Jujuy, en el barrio de Alto Comedero, organizaciones sociales
ligadas al kirchnerismo como la Tupac Amaru entregaron miles de viviendas pero
sin titularización, condicionando la permanencia a la participación en sus
movilizaciones, la misma coerción que usan para manejar los planes trabajar.
Allí la referente del Frente de Izquierda Natalia Morales planteó la necesidad
de una ley que titularice todas las viviendas sociales construidas para
terminar con la amenaza de dejar en la calle a sus habitantes.
Los capitalistas convierten el comercio de viviendas en la
misma causa de la exclusión. Vemos esto claramente en los barrios potencialmente valiosos
por su ubicación o infraestructura, donde la intervención de los grandes
desarrolladores inmobiliarios y la construcción de viviendas más caras genera
que las familias con menos ingresos sean desplazadas paulatinamente por otra de
mayores ingresos, generando un efecto que se conoce como gentrificación. Esto
va “filtrando” de las zonas de inversión a los trabajadores más precarizados o
desocupados hacia barrios más económicos y viviendas cada vez más precarias
acorde a sus ingresos, llegando hasta el punto de verse forzados incluso a
tomar nuevas tierras y formar asentamientos.
A lo largo del tiempo los desarrolladores inmobiliarios van
avanzando sobre los barrios levantando edificios y locales comerciales premium,
como el caso de “Palermo Soho” o la refuncionalización de Puerto Madero, los
cuales se encuentran deshabitados en un 30% y 70% respectivamente, siendo
adquiridos centralmente por especuladores.
Imaginemos que las viviendas de la Villa 31, en pleno Retiro
que es una de las zonas más caras del país, sean titularizadas sin que ninguna
ley restrinja la entrada de los grandes holdings inmobiliarios. La parte de los
habitantes que tenga escritura y lo venda podría, hipotéticamente, mudarse a
otro lugar. Pero los que viven ahí como inquilinos de habitaciones sólo podrán
“elegir” desplazare a otra villa, o generar nuevas tomas de tierra.
Podemos resumir lo anterior en que es el “derecho a la
propiedad” de los capitalistas el que restringe el derecho a la vivienda de
cada vez más trabajadores, al concentrase en menos manos, elevando su precio y
obligando al hacinamiento o al desplazamiento hacia zonas más lejanas, hasta
tener que llegar a villas y asentamientos. El “derecho a lucrar” es un
principio al que están plenamente de acuerdo en defender las dos fuerzas que se
presentan al balotaje.
Scioli contra la intervención del Estado.
Entre 2001 y 2006, de cada 10 nuevos habitantes del
conurbano bonaerense 6 se ubicaron en tierras tomadas; por el otro lado,
gracias a la legislación avalada por el FpV y los barones del conurbano, la
última expansión en superficie del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) se
realizó mayormente bajo la forma de urbanizaciones privadas, sumando
aproximadamente 400 km2. Esto representa el 20% del suelo urbanizado, donde
habita menos del 2% de la población total; mientras tanto, el 10% de la
población habita en asentamientos informales pero ocupando sólo el 2% del la
superficie del AMBA.
La legislación a favor del boom de los barrios y ciudades
cerrados elevó el precio de las tierras periféricas y potencialmente
urbanizables, dejando fuera a los trabajadores que tradicionalmente adquirían
lotes en cuotas y autoconstruían su vivienda, siendo también uno de las causas
de las crecientes inundaciones, al construirse muchos de ellos sobre humedales
que antes absorbían el excedente de agua durante las lluvias abundantes”.
A contramano del supuesto “Estado presente” al cual tanto
hace alusión el FPV, su candidato presidencial Daniel Scioli se ocupó de
modificar la reciente Ley provincial de Acceso Justo al Hábitat, que planteaba
originalmente la exigencia a los emprendimientos de más de 5 mil M2 (media
manzana) a ceder el 10% de su superficie para construir viviendas sociales.
Salvaguardando el derecho a la propiedad de los grandes capitalistas, corrigió
el texto para que puedan optar entre la entrega de tierras o pagar un canon
equivalente a su precio, vaciando de contenido la intención original de crear
un banco de tierras en zonas urbanas para viviendas sociales.
Sin embargo el Estado está bien “presente” cuando se trata
de desalojos y represión, como el reciente caso de González Catán en La
Matanza, donde 350 familias reclamaban el reinicio de obras abandonadas por el
gobierno desde hace 5 años.
Buenos Aires: modelo de ciudad PRO.
Las últimas elecciones sorprendieron con el PRO destronando
al PJ de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y de varias intendencias
importantes, que hace años eran gobernadas por los barones del conurbano. ¿Qué
es lo que podemos esperar de ese “cambio”? Para tener un vistazo repasemos algo
de lo que hizo en laCiudad de Buenos Aires, con el recurrente apoyo de los
legisladores kirchneristas que votaron gran parte de las leyes que propuso el
macrismo en la Legislatura porteña.
Entre los proyectos para “revitalizar la zona sur” está el
nuevo Centro Cívico, proyectado en terrenos del Hospital Borda donde en 2013,
ante la resistencia de trabajadores y pacientes, se desalojó violentamente uno
de sus pabellones.
Lo mismo sucedió en el caso del barrio Papa Francisco, donde
con la excusa de perseguir narcos se arrolló con topadoras el barrio, con el
apoyo de fuerzas represivas de Nación y Ciudad. Este trabajo en conjunto ya
tenía antecedentes: en el Parque Indoamericado en 2010 se vio el trabajo en
conjunto de la flamante Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional, que
tuvo un saldo de 3 muertos y la amenaza de quitar los planes sociales a quienes
ocupaban el predio.
Ambas fuerzas políticas impulsaron en su momento de conjunto
un importante paquete de leyes a ser aprobadas en la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires, además del Presupuesto 2015. Entre ellas un buen número tiene
que ver con los planes de desarrollo para la Ciudad, en especial de la zona
sur, en torno a los cuales se vienen pergeñando acuerdos con otras fuerzas
políticas.
Entre esas leyes se votó la extensión en tiempo y
cantidad de empresas receptoras de los beneficios impositivos a las que se
instalen en el Distrito Tecnológico, en el barrio de Parque Patricios. Desde
que se creó este polo, el precio de la viviendas de la zona aumento un 60%, un
15% más que lo que subieron en el
resto de la ciudad, con el consiguiente aumento de alquileres y
“filtrado” hacia zonas más lejanas o degradadas.
La ley más importante votada por ambos partidos fue la de
Planeamiento Urbano en el 2008, que amplió las áreas habilitadas para la
construcción en altura e instalación de shoppings, el más importante
requerimiento del lobby empresario impulsado por IRSA, Caputo y otros actores
de la patria contratista, los “desarrolladores urbanos que apuestan al país”,
como suele referirse a ellos el PRO o los K. El resultado del libre mercado
avalado por estas leyes es que haya cerca de 340 mil viviendas vacías a precios
inalcanzables y 200 mil personas en villas, cuando en el 2001 ya había la
cantidad excesiva de 120 mil unidades desocupadas y 100 mil habitantes en las
villas.
El Frente de Izquierda y el #VotoEnBlanco
Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores
planteamos durante toda la campaña que como medida elemental para enfrentar el
déficit de 3 millones de vivienda hay que recuperar el poder adquisitivo del
salario. Como vimos fue durante las últimas décadas, la caída de los salarios
es una de las razones que dificulta el acceso al techo digno, y por eso
planteamos que hay que terminar con el trabajo en negro, los contratos
precarios y establecer un salario mínimo acorde a la canasta familiar de $15
mil.
Debe realizarse un censo sobre las 2,5 millones de viviendas
desocupadas, para ver en qué condiciones se encuentran, quiénes son sus propietarios
y por qué se las mantiene ociosas. Debe conminarse a que sean alquiladas, y
expropiar sin pago los terrenos y viviendas ociosas en las zonas urbanas y
suburbanas utilizados para especular por los grandes capitalistas
inmobiliarios. Lo mismo hay que hacer con las propiedades de la Iglesia, que es
uno de los principales propietarios urbanos. Como complemento se debe realizar
un plan de obras públicas diseñado con organizaciones de trabajadores y vecinos
que contemple la urbanización de villas con equipamiento educativo, salud,
servicios y transporte, tanto como nuevas urbanizaciones, basado en impuestos a
las grandes fortunas.
Como declaró del diputado nacional por el FIT
Nicolás del Caño: “hay que encarar un plan que ataque los intereses
capitalistas que transformaron la cuestión de la vivienda en un coto de
negocios dedicados a countries, hoteles de lujo o megatorres para los ricos
como hace la constructora Caputo, del amigo de Macri. Apostamos a un plan
integral de urbanización de las villas y asentamientos precarios, la
regularización de la tenencia de tierras y a atacar la especulación inmobiliaria”
.
Luego de los resultados de las elecciones del 25 de octubre
queda un solo modelo de ciudad y país para “elegir” en el balotaje: el que
beneficia el mercado inmobiliario, amparado por ambos partidos. Aunque planteen
matices como distinto grado de inversión en vivienda social, siguen fomentando
un negocio privado que provoca el crecimiento del déficit habitacional, la
acaparación de viviendas en pocas manos y el aumento del su precio. Es por
eso que este 22 noviembre llamamos desde a darle la espalda a esos candidatos y
a prepararnos para derrotar los ajustes que tanto Scioli como Macri planean a
descargar sobre los trabajadores.
Prohibición de los desalojos y salario mínimo acorde a la canasta familiar.
