Reproducimos a continuación la nota escrita para La Izquierda Diario del 30/9/14
La polémica sobre los barrios cerrados resurgió a partir del relevamiento que realizó recientemente ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) donde se conoció que el 87% de las construcciones del country “Nuevo Quilmes” no estaban registradas, pagando impuestos como baldíos. Cobró más relevancia porque uno de los inversores del emprendimiento es el presidente de Aerolíneas Argentinas y dirigente de La Cámpora Mariano Recalde, que posee allí acciones por $747.356, además de un crédito a su favor por más de medio millón de pesos.
Otro de los socios de la lujosa urbanización de 100 hectáreas, aunque como fundador del emprendimiento, es Nicolás Caputo, uno de los principales contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y amigo personal de Mauricio Macri. Las empresas de su familia se han visto también favorecidas en numerosas oportunidades por contrataciones del gobierno nacional y varios gobiernos provinciales. Situado sobre zonas inundables, las obras incluyeron el relleno y elevación del terreno, de tal manera que convirtió los barrios vecinos en lagunas cuando llueve.
Al ser las nuevas tierras urbanas destinadas a estos mega emprendimientos y elevarse el precio del resto de los otros terrenos y viviendas, los sectores populares no pueden acceder a la vivienda digna. La única salida es buscar en el “mercado informal”, multiplicándose las tomas de tierra y densificación de villas y asentamientos en el último período. En el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) se llegó a 2 millones de personas hacinadas en un total de 64 km2, mientras que los “dueños del buen vivir” son sólo 300 mil habitantes en 500 km2, una superficie que es más del doble que la Capital Federal, pero con una población diez veces menor.
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| Villa La cava, partido de San Isidro |
La polémica sobre los barrios cerrados resurgió a partir del relevamiento que realizó recientemente ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) donde se conoció que el 87% de las construcciones del country “Nuevo Quilmes” no estaban registradas, pagando impuestos como baldíos. Cobró más relevancia porque uno de los inversores del emprendimiento es el presidente de Aerolíneas Argentinas y dirigente de La Cámpora Mariano Recalde, que posee allí acciones por $747.356, además de un crédito a su favor por más de medio millón de pesos.
Otro de los socios de la lujosa urbanización de 100 hectáreas, aunque como fundador del emprendimiento, es Nicolás Caputo, uno de los principales contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y amigo personal de Mauricio Macri. Las empresas de su familia se han visto también favorecidas en numerosas oportunidades por contrataciones del gobierno nacional y varios gobiernos provinciales. Situado sobre zonas inundables, las obras incluyeron el relleno y elevación del terreno, de tal manera que convirtió los barrios vecinos en lagunas cuando llueve.
Fragmentación urbana, política de Estado
Aun estando registradas y tributando como casas de lujo, el
problema de fondo es la fragmentación y exclusión urbana que generan
estos emprendimientos. Uno de los casos más extremos lo vemos en el Partido de Tigre, baluarte de Sergio Massa, donde el 60% del territorio (más de 148 km2) está ocupado por urbanizaciones privadas donde habita solo el 10% de la población. El más grande es Nordelta, con 1600 hectáreas. Estos terrenos también fueron rellenados y elevados sin ningún tipo de consideración hacia los barrios obreros de los alrededores, que se ven afectados cada vez que llueve por inundaciones, además de otros problemas igualmente graves.
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| Complejo Villa nueva, partido de Tigre. |
La estructura legal para este fenómeno urbano se creó durante de la dictadura militar con el decreto 8.912/77 de la Provincia de Buenos Aires, que sigue vigente hasta hoy en día. Éste impone más exigencias a la hora de lotear un terreno. Obliga a los grandes propietarios a asfaltar, proveer gas, cloacas y luz, con lo cual transfiere el costo al consumidor y desliga al Estado de esta tarea, al que entonces le conviene la creación de barrios cerrados o countries. Sin embargo, el mismo Estado que se desligó de suministrar los servicios públicos básicos para las tierras a urbanizar invirtió mas de U$S3.500 millones en la red de autopistas para conectar estas verdaderas ciudades privadas, reduciendo el viaje desde Pilar al centro de la Capital de más de una hora a menos de treinta minutos.
Al ser las nuevas tierras urbanas destinadas a estos mega emprendimientos y elevarse el precio del resto de los otros terrenos y viviendas, los sectores populares no pueden acceder a la vivienda digna. La única salida es buscar en el “mercado informal”, multiplicándose las tomas de tierra y densificación de villas y asentamientos en el último período. En el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) se llegó a 2 millones de personas hacinadas en un total de 64 km2, mientras que los “dueños del buen vivir” son sólo 300 mil habitantes en 500 km2, una superficie que es más del doble que la Capital Federal, pero con una población diez veces menor.
